El buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Cicerón
El
Ayuntamiento de Churriana de la Vega está sistemáticamente
obstaculizando a los concejales de la oposición de IZQUIERDA UNIDA,
PSOE, UPyD y UDCH en el ejercicio de sus funciones. La idea de
formular una denuncia conjunta parte de una reunión que tuvimos para
debatir varios temas. En mi corta andadura como miembro de la
Corporación, pues llevo desde septiembre, me resultó extraño que
el expediente de unas facturas no se me hubieran puesto a disposición
en el transcurso de tres meses. Al comentar este hecho con el resto
de la oposición, observamos que era la práctica habitual demorar el
tiempo la entrega o puesta a disposición de documentación en los
casos en que se lleva a cabo, estudiando la idea de llevar a cabo
acciones legales.
El
detonante final fue el pasado día 10 de diciembre. Durante el desarrollo de la
Comisión Especial de Cuentas, el Alcalde Vicente Valero se negó expresamente a dar copia de toda la
documentación necesaria para ejercer las funciones de fiscalización
y control de la acción de gobierno. Una decisión
sorprendente, pues cambia el precedente de todos los años
anteriores.
El fondo de estas declaraciones no debería sorprendernos, pues
este discurso enlaza muy bien con el argumentario que está llevando
el Partido Popular a nivel estatal, materializado en la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad la Administración Local,
conocida coloquialmente Ley de Reforma Local, que entró en vigor el
30 de diciembre. Los objetivos de esta ley son claros y se podrían
clasificar en tres tipos. Por un lado, la búsqueda de estabilización
de un bipartidismo titubeante, por otro acabar con la autonomía
local y finalmente convertir la política municipal en una ocupación
elitista en su proyección económica, donde sólo podrán participar
los que tengan medios económicos y tiempo libre.
Desde Izquierda Unida condenamos enérgicamente la actitud particular y general del Partido Popular. Consideramos que las actuaciones del Alcalde y del Alcalde Accidental, Antonio Narváez, incurren en el delito recogido en el artículo 542 del Código Penal. Además defendemos con el mismo fervor el municipalismo bien entendido, que fomente la democratización del pueblo, mediante medidas de transparencia, prestación directa de servicios públicos, más autonomía, claridad competencial y más financiación.
De izquierda a derecha, Álvaro Morales (IU), Paco Ruíz (PSOE) y Miguel Ramos (UDCH).
Portavoz del Grupo Izquierda Unida
Álvaro Morales Antrás
